El Protocolo de Kyoto (PK) pone en práctica la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Basándose en los principios de la Convención, este Protocolo se considera el primer paso importante hacia un régimen verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las emisiones  de gases de efecto invernadero GEI. El Protocolo ha movido a los gobiernos a establecer leyes y políticas para cumplir sus compromisos, a las empresas a tener el medio ambiente en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre sus inversiones, y además ha propiciado la creación del mercado del carbono.

El PK establece límites a las emisiones de GEI de los países industrializados: las Partes del Anexo I acordaron el compromiso de reducir sus emisiones totales en al menos un 5% por debajo de los niveles de 1990, entre el período 2008-2012. Los 6 GEI considerados en el Protocolo son el dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).

En virtud del tratado los países tienen que alcanzar sus metas principalmente a través de medidas nacionales. No obstante, el Protocolo les ofrece medios adicionales a través de mecanismos basados en el mercado:

  • El Comercio internacional de los derechos de emisión (art. 17 PK), que permite que los países que tengan unidades de emisión permitidas pero a las que no llegan, vendan ese exceso de capacidad a países que sobrepasan sus metas. Puesto que el CO2 es el principal gas de efecto invernadero, se habla del "comercio de carbono"; este gas está sometido a los mismos seguimientos y transacciones comerciales que cualquier otro producto básico.
  • Otros dos mecanismos que implican la transferencia de los créditos de reducción de las emisiones acumuladas gracias a proyectos de reducción de las emisiones en otros países no Anexo I: el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (art. 12 PK), que fomenta el desarrollo sostenible y la reducción de las emisiones al mismo tiempo que da cierta flexibilidad a los países industrializados a la hora de elegir la forma en que quieren alcanzar sus metas de reducción o limitación de las emisiones, y el Mecanismo de Aplicación Conjunta (art. 6 PK), que ofrece a las Partes un medio flexible y rentable de cumplir parte de sus compromisos de Kyoto, al mismo tiempo que la Parte donde se lleva a cabo el proyecto se beneficia de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología.

El Protocolo de Kyoto, al igual que la Convención, fue diseñado para ayudar a los países a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, facilitando la creación y despliegue de técnicas que pueden ayudar a aumentar la capacidad de recuperación después de los impactos del cambio climático. Para financiar proyectos y programas concretos de adaptación en países en desarrollo que son Partes en el Protocolo se estableció un Fondo de adaptación. Dicho fondo se financiará con una parte de los ingresos resultantes de actividades de proyectos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) y también de otra procedencia.

La decimoctava Conferencia de las Partes (COP 18) sobre cambio climático ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020.

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