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La Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de las Illes Balears tiene como objetivo alcanzar unas Islas libres de combustibles fósiles en 2050.

La ley, que se publicó el 2 de marzo de 2019 en el nº 27 del Butlletí Oficial de Les Illes Balears, se basa en la implementación de medidas y objetivos a medio y largo plazo que requieren el desarrollo de alianzas público privadas para afianzar la implicación de toda la sociedad. La norma recoge medidas que buscan un cambio de modelo y requiere necesariamente la asunción de medidas en el ámbito público, empresarial, social y particular para que efectivamente sea posible. Con este objetivo, la aprobación de la norma se ha construido teniendo en cuenta un amplio proceso de participación, en que han participado más de 2.000 empresas, entidades sociales, asociaciones y particulares.

El horizonte que fija la Ley es que las Illes Balears sean un territorio libre de combustibles fósiles y con 100% de energías renovables en 2050. Se incluye un plazo intermedio, el año 2030, en el que se deberá disponer de un 35% de energías renovables, se deberá alcanzar un 23% de reducción del consumo energético y una reducción del 40% en las emisiones contaminantes. Las medidas principales de la Ley son las siguientes: 

Sobre la implantación de energías renovables. Potenciar el uso generalizado de las energías renovables es uno de los principales objetivos y se concreta en determinadas obligaciones:

  • Instalar placas solares en los grandes aparcamientos ya las nuevas edificaciones. Están obligados los aparcamientos nuevos de más de 1.000 m² y los existentes de más de 1.500 m².
  • Instalar también placas solares en los nuevos edificios de más de 1.000 m² o en aquellos en que se haga un cambio de uso o reforma integral, con la excepción de si la cubierta es de fibrocemento. 
  • Las edificaciones aisladas sólo podrán tener el suministro a través de energías renovables. 

Cierre progresivo de las centrales contaminantes, que comienza con es Murterar a partir de 2020

  • Se define un plan de ruta que afecta es Murterar y también las centrales de Mahón, Ibiza y Formentera. 

Sobre la movilidad sostenible. El 35% de las emisiones de CO2 proviene del tráfico rodado. Por lo tanto, actuar en la movilidad es clave para mitigar los efectos del cambio climático:

  • Se dispondrá de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el 100% del parque móvil descarbonizado en 2050. 
  • Se marca la circulación de coches y motos diesel justo hasta el año 2025 (excepto los ya existentes, que podrán continuar circulando).
  • Se marca la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas contaminantes (incluye gasolina) justo hasta 2035 (excepto los ya existentes.
  • Se incluirá de manera progresiva y obligada vehículos eléctricos o no contaminantes a las empresas de alquiler de vehículos a partir de 2020 (2% inicial) hasta llegar al 100% en 2035.
  • Se fijarán, de acuerdo con el Estado, medidas para reducir la contaminación de los barcos, como la declaración de zonas ECA (áreas en las que se establecen límites para las emisiones de gases de los barcos) , junto con la definición de los criterios mínimos en materia de emisiones y calidad del aire, que deberán cumplir las embarcaciones en las proximidades del territorio de las Illes Balears. 
  • También de acuerdo con el Estado deberán definirse planes de sostenibilidad en relación con las emisiones ligadas al transporte aéreo. 

Sobre la eficiencia energética. Se establecen diversas medidas en diferentes vías, destacando:

  • Se establece que todo el alumbrado público debe ser de bajo consumo en 2025.
  • Se establece la obligación de que las grandes y medianas empresas calculen y registren la huella de carbono en 2020.
  • Se establece la obligación de que las grandes y medianas empresas presenten en 2025 planes de reducción con objetivos vinculantes. 

Finalmente, la Ley crea tres organismos públicos que deben garantizar y velar para hacer efectiva la transición energética y la coordinación y la aplicación de la estrategia de lucha contra el cambio climático, el Consejo Balear del Clima que garantizará la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, el Comité de Expertos que graduará y adecuará el cumplimiento de objetivos a la situación real de cada momento, y el Instituto Balear de la Energía (IBE).

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